Silencio mexicano

Jorge A. Bustamante Fernández

Reforma, 14 de abril 2010

La semana pasada estuve en Washington DC, invitado por la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown a un simposio sobre la legislación vigente allá en materia migratoria. Ahí me enteré de una nota del Washington Post titulada: "Hielo de ICE: La verdad del 287(g)", que reveló la discriminación racial encubierta por ese agregado en la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que autoriza al Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) -al que pertenece la policía de inmigración bajo las siglas en inglés de ICE (Immigration and Customs Enforcement)-, a celebrar convenios con cuerpos policiales locales para que éstos realicen tareas que legalmente corresponden a las autoridades de inmigración (ICE), bajo la condición de que sea en la persecución y arresto de "criminales extranjeros peligrosos". La nota citada del Washington Post reveló datos y cifras que muestran que la mayor parte de los policías locales que actuaron bajo lo dispuesto por ese artículo 287(g) arrestó a inmigrantes indocumentados sólo por el color de su piel, a lo que en Estados Unidos se le conoce como police profiling (así se le llama al arresto policial que se deriva de haber identificado al arrestado principalmente por su apariencia racial) lo cual alude a ser arrestado por los prejuicios raciales que le imputan criminalidad a quienes su apariencia -principalmente el color de la piel- los hace sospechosos de ser criminales, independientemente que el arrestado por police profiling luego resulte inocente.

Los datos ofrecidos por una investigación realizada por una oficina de contraloría (Oficina de Detenciones y Remociones o DRO), de las propias autoridades policiales de inmigración (ICE), descubrieron que la mayor parte (exceptuando el 9 por ciento) del total de los arrestos realizados por cuerpos policiales bajo convenio 287(g) fue de inmigrantes indocumentados, inocentes de la conducta criminal que condicionaba la legalidad de su arresto. De esa manera, según declaraciones de la titular del Departamento de Seguridad Interna, señora Janet Napolitano, del año pasado en El Paso, los policías de ICE habían arrestado y deportado a 181 mil indocumentados durante 2009. Esto quiere decir que el "sueño americano" de esa cifra de indocumentados terminó, paradójicamente, con un arresto más ilegal (por haber sido arrestado con base en police profiling) que su entrada subrepticia a territorio estadounidense.

Esa práctica ilegal de arrestos y deportaciones de indocumentados sólo por su apariencia de tales, ante los ojos racistas de los policías de ICE, es una afrenta que los mexicanos deberíamos de reclamar ante los tribunales internacionales. Sobre todo después de que se supo que las deportaciones se han incrementado en más de 40% desde que Obama llegó a la Casa Blanca, según se descubrió en memoranda revelada por la investigación de la contraloría del Departamento de Seguridad Interna. Este hallazgo puso furiosos a los líderes "latinos" que se entrevistaron con el presidente Obama, después de la última manifestación de protesta que juntó a 200 mil marchistas que se trasladaron a Washington el pasado 21 de marzo para protestar por las "redadas policiales" de las que se ha derivado una práctica de deportaciones masivas a partir de la entrada de Obama a la Casa Blanca. En esa reunión le reclamaron al presidente Obama, en voz de líder sindical Eliseo Medina, que estuviera violando las esperanzas que surgieron del entusiasmo con el que el "voto latino" hizo que el candidato Obama ganara las elecciones presidenciales en varios estados del país vecino, tales como Nevada, Indiana, Florida, California y otros donde no se esperaba que ganara. El Presidente les respondió reiterando su promesa de que en este año presentará un proyecto de "reforma comprehensiva" a las leyes de inmigración de su país. Dada la belicosidad ideológica de los políticos del Partido Republicano mostrada en su oposición a la reforma de salud del presidente Obama, lo más probable es que esa belicosidad ideológica se exacerbe desde antes de que se presente el proyecto de reforma migratoria, lo que impedirá que Obama cumpla su promesa. Lo más lamentable es el silencio y la inutilidad del gobierno de México para defender a los suyos en el extranjero como es su obligación legal.

* El autor es relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes e investigador distinguido de El Colegio de la Frontera Norte